Un informe denuncia corrupción en el Programa Mundial de los Alimentos / Una parte de los alimentos sustraídos termina potenciando a los islamistas
La corrupción mutila la ayuda de la ONU a Somalia. Un informe de las Naciones Unidas desveló esta semana que el 50% de la ayuda de su Programa Mundial de los Alimentos(PMA) no llega a su destino y se deriva a contratistas corruptos, grupos islamistas radicales o incluso a los bolsillos de socios o trabajadores locales de la ONU. El escándalo de corrupción adquiere tintes dramáticos si se dibuja el contexto: más de cuatro millones de somalíes, de un total de casi 10 millones de habitantes, depende de la ayuda humanitaria. Y peor. De esos cuatro millones de hambrientos, sólo el PMA tiene previsto alimentar en 2010 a dos millones y medio.
El documento, encargado por la propia ONU y que fue filtrado al New York Times, es tan demoledor que sus autores recomiendan a su secretario general, el surcoreano Ban Ki Mun, que abra una investigación interna de manera independiente. En conversación telefónica con La Vanguardia, el coordinador de las operaciones del PMA en Somalia, Peter Smerdon, pidió mesura ante la "insustancialidad y falta de pruebas" del informe, aunque confirmó que han decidido suspender los acuerdos con tres contratistas somalíes a quienes la investigación acusa de desviar comida humanitaria y estar relacionados con el mercadeo de armas. "La integridad de la organización es lo principal, así que damos la bienvenida a un informe independiente, pero en diciembre pasado encargamos un examen interno de la situación y los resultados no fueron tan graves", señala Smerdon desde su base en Kenia.
Según el documento, que debía publicarse el 16 de este mes, el fraude se desgrana en varias manos: un 30% de la ayuda va a parar a socios locales o el propio personal del PMA en el país, un 10% se queda en el bolsillo de los transportistas y entre un 5 y un 10% en el de grupos armados radicales que controlan la región. Es decir, la mitad de la comida nunca llega a la hambrienta población. "Algunos recursos humanitarios, especialmente la comida, han sido desviados a usos militares", explica el informe, que señala a algunos culpables: "Un puñado de contratistas somalíes para los organismos humanitarios han formado un cártel y se han convertido en traficantes de poder; algunos canalizan sus beneficios, o la ayuda misma, directamente a los grupos armados rebeldes". Hay más claroscuros. El documento cuestiona también que el PMA tuviera el 80% de sus contratos de transporte, valorados en 200 millones de dólares, con sólo tres hombres de negocios somalíes sospechosos de tener vínculos con insurgentes.
El montante económico que mueve la ONU en ayuda humanitaria es un cebo tan jugoso como abundante. De abril del 2009 hasta este año, el PMA ha destinado 560 millones de dólares a operaciones de emergencia en Somalia. Para Smerdon, la peligrosidad del país, inmerso en un caos de guerras por el control de diferentes regiones, provoca una inevitable sangría de parte de la ayuda, "pero que se sitúa entre el 2 y el 10%", asegura.
El hecho de que muchos somalíes vean a la ONU como parte del conflicto (pro EEUU), no ayuda a poner el trabajo fácil al PMA. Pero el caos y la violencia no son excusa para que parte de la ayuda se pierda. Alfonso Verdú, responsable de operaciones de Médicos sin Fronteras en Somalia, asegura que el diálogo con los diferentes actores de la comunidad les permite evitar mermas. "Llevamos diecisiete años trabajando en el país y te puedo asegurar que un 0% de la ayuda se queda en el camino", afirma. Un millar de trabajadores locales coordinan los proyectos de MSF.
Precisamente, el informe pone en entredicho a parte del personal en el terreno de la ONU, que se estaría lucrando con el reparto de comida. Smerdon, que coordina a 200 personas en Somalia, echa balones fuera al plantearle si esa acusación ha minado su confianza en algunos de ellos. "¿Si confío? Somalia es el lugar más difícil del mundo para distribuir ayuda humanitaria y las amenazas son constantes, pero todos tenemos una larga experiencia en el terreno", dice. A finales del año pasado, el PMA tuvo que suspender las ayudas en el sur del país después de las exigencias de grupo radical Al Shabbab que requería, entre otras cosas, la expulsión de las mujeres empleadas en la organización, no hacer fiesta los domingos o el pago de 20.000 dólares semestrales a cambio de protección.
Las acusaciones de corruptelas no planean sólo alrededor del PMA. Según el documento, autoridades regionales somalíes colaboran con piratas de la costa y, paralelamente, miembros del gobierno somalí venden visados –a insurgentes y piratas sobre todo– por entre diez mil y quince mil dólares para posibilitar su huida al extranjero.
Fuente: www.lavanguardia.es
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