Los relatores validan las cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha denuncia 64 periodistas muertos y 11 desaparecidos desde 2000
Los relatores de la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA) para la libertad de expresión proporcionaron un severo varapalo al Gobierno mexicano en esta materia por la "impunidad general" ante las muertes de periodistas y exigieron que se proteja al colectivo.
"El pleno goce de la libertad de expresión en México enfrenta graves y diversos obstáculos", se expuso en el informe preliminar de la visita que ambas figuras realizaron a México desde el pasado día nueve. Los relatores validaron las cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) -elaboradas para una de sus recomendaciones, aún cuando no es su cometido- que cuantifican 64 periodistas muertos y 11 desaparecidos desde 2000, acciones atribuidas al crimen organizado. Otras fuentes mencionan más de 70 asesinatos, diez de ellos este año.
La mayoría de los asesinatos permanecen sin investigar, lo que ha generado una ola de indignación entre los periodistas en México, que cristalizó en una serie de marchas en catorce ciudades del país contra la pasividad del Gobierno en este asunto. Catalina Botero, relatora por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) consideró que el tema "no puede seguir invisibilizado" y que falta un mapa de la impunidad.
Uno de los problemas es que la fiscalía especial creada al uso carece de competencias para abordar las investigaciones, derivadas al fuero común en la mayoría de los casos. Por ello, se pidió tratar como federal esta clase de delitos y la creación de un mecanismo nacional de protección a periodistas, con refugios y traslados si fuese necesario. Sin embargo, los relatores mostraron esperanza por el plan de trabajo de su actual responsable, llegado al cargo hace unos meses, frente a lo hecho en años anteriores.
El relator de la ONU, Frank La Rue, exhortó a que las investigaciones se inicien siempre por el lado de que pudiera estar relacionado con el trabajo como periodista de la víctima, y a que se preste apoyo a los familiares. "Hemos visto algunas viudas de periodistas que no ha encontrado ningún tipo de ayuda económica de nadie, ni del seguro social ni de ningún otro ente", lamentó La Rue. Los representantes de ONU y OEA visitaron varias partes del país y constataron que "hay comunidades totalmente paralizadas" por la intimidación del crimen organizado.
Además, la impunidad "alienta de manera perversa la reproducción de los crímenes". Los estados más afectados son aquellos donde hay una mayor presencia de los cárteles del narcotráfico: Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Sinaloa (norte), Durango (centro) y Michoacán y Guerrero (en el sur). La intensa violencia derivada de la guerra que mantienen entre sí los cárteles ha dejado 28.000 muertos en algo más de tres años y medio, y ha llevado la contienda hasta la puerta de los medios, que se ven presionados por la delincuencia organizada. "[El crimen organizado] tiene interés en que cierta información no se publique", aseveró Botero, que constató que aunque en un principio eran solo medios locales los afectados ahora lo son también algunos de ámbito nacional.
Los relatores lamentaron no haber podido entrevistarse con el presidente de México, Felipe Calderón, durante su visita. "Nadie nos lo ha ofrecido", reveló La Rue. Su contacto con el máximo gabinete se limitó al secretario de Gobernación (ministro de Interior), Francisco Blake, y a altos funcionarios de la Cancillería. Adicionalmente, tuvieron contacto con gobernadores y fiscales estatales, víctimas de la violencia o sus familiares y organismos civiles.
Por otra parte, el informe urgió a derogar ciertas leyes que criminalizan el ejercicio de la libertad de prensa, sobre todo en los códigos penales de los estados. También se advirtió sobre la excesiva concentración de medios en pocas manos y se pidieron modificaciones al marco regulatorio, ya que resulta inadecuado para asegurar la pluralidad. Los relatores elaboraran cada uno un informe más completo para principios de 2011, y evaluarán el seguimiento de sus recomendaciones por parte del Gobierno mexicano de aquí a un año.
Fuente: La Vanguardia
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