El Parlamento Europeo rechazó ayer la directiva de "permiso único" que consagraba la discriminación de los inmigrantes de terceros países en importantes derechos laborales y sociales. Una disputa de última hora entre liberales y conservadores ha permitido a los grupos de izquierda cerrar el paso al polémico texto. Alejandro Cercas, eurodiputado socialista, y principal artífice de la movilización, expresó su satisfacción por el rechazo a una norma que "permitía la entrada en Europa de trabajadores que no quedaban sometidos al derecho comunitario ni al derecho nacional, lo que fomentaría los sentimientos de xenofobia, racismo y rechazo hacia los inmigrantes".
La directiva ha sido devuelta a la Comisión Europea, para que considere si mantiene su propuesta inicial. El vicepresidente del Parlamento Europeo Alejo Vidal-Quadras, que dirigió la sesión del plenario, dijo que tras las explicaciones de la comisaria Neelie Kroes, en representación de la Comisión Europea, entendía que en principio el Ejecutivo comunitario mantendría la propuesta. Ahora habrá que ver primero si finalmente la Comisión mantiene el mimo texto. Por su parte, los eurodiputados disponen de dos meses para buscar de nuevo un acuerdo.
Existía el riesgo evidente de establecer importantes diferencias en los derechos de los trabajadores europeos y los desplazados de terceros países. Muchas compañías podrían trasladar sus sedes a países terceros como Marruecos o Turquía y desplazar después a los trabajadores de esos países a sus sucursales en la UE con las mismas condiciones laborales del país de origen.
Las derogaciones más significativas son las referidas a la exportación de pensiones, reconocimiento de prestaciones familiares, el derecho a la vivienda, a la formación y a la educación permanente. Esto significa, por ejemplo, que un emigrante turco o marroquí que haya trabajado en Alemania no podrá recibir su pensión en su país de origen si decide retirarse allí, sino que deberá permanecer en el Estado donde haya trabajado.
La aprobación de esta directiva consagraría la inferioridad del derecho europeo en materia laboral y social respecto al Convenio de Naciones Unidas de 1990, sobre la protección de derechos de todos los trabajadores inmigrantes y sus familias.
Nos alegramos pues, que las votaciones celebradas en el Parlamento Europeo (306 a favot, 350 en contra y 25 abstenciones), hayan favorecido los derechos de los indiviudos, y hayan dejado a un lado, los diferentes intereses económicos que dicha medida supondría para las empresas multinacionales.
Es probable que la elaboración de nuevas medidas, para adopatar el permiso único quede en un segundo plano, como ya sucedió la primera vez que la CE presentó una directiva referente al "permiso único" en el año 2001, que al no prosperara en el Consejo, fue retirada en 2006. Aún así, la propuesta se reenviará a las comisiones de Libertades Civiles y Empleo, mientras tanto el Coelgio de Comisarios, decidirá si mantiene su propuesta o la retira para presentar una nueva.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/internacional
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