La semana próxima se celebrará en Madrid el 5º Congreso Mundial contra la Pena de Muerte. El pasado año 2012, 21 países ejecutaron a 682 prisioneros y otros 58 condenaron a muerte a 1.722 personas.
José Joaquín Martínez cumple este jueves 12 años de vida. Una segunda vida, en libertad, tras más de tres años consumiéndose en el corredor de la muerte de Tampa, en Estados Unidos, uno de los países, con Arabia Saudí, China, Corea del Norte, Irak, Irán, Sudán y Yemen, donde se ejecuta legalmente a prisioneros. Su exmujer le había acusado del asesinato de dos personas durante un proceso de divorcio enconado; fue declarado culpable en 1995 tras un proceso plagado de irregularidades, pero una clamorosa campaña internacional logró la revisión del juicio y finalmente, el 6 de junio de 2001, su libertad.
De su salida del penal Martínez recuerda un enjambre de medios de comunicación, los mismos que, a cuentagotas, le visitaban cuando vestía un mono naranja y ante los que se desesperaba clamando su inocencia; su altavoz ante el mundo. “El papel de los medios de comunicación fue fundamental. Si no hubiera sido por ellos… por la presión del Gobierno, de las organizaciones abolicionistas, no estaría aquí ahora… Y si no hacemos más, dentro de unos años hablaremos de Pablo como el primer español asesinado legalmente [en EEUU]”, dice Martínez, en referencia a Pablo Ibar, en prisión desde 1994 y condenado a muerte en 2000 en Florida.
José Joaquín Martínez ha participado este miércoles, junto con Carmelo Ibar, padre de Pablo, y otros activistas, en la presentación del 5º Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, el mayor evento abolicionista del mundo. El simposio se celebrará en Madrid del 12 al 15 de junio con la participación de 1.500 personas, más de 90 países representados y 200 congresistas procedentes de Estados donde la pena de muerte está vigente. “La convocatoria de Madrid es la mayor en la historia de la campaña. La abolición surge del coraje político, y se puede decir que ha recorrido un camino positivo: si hace 20 o 30 años dos tercios de los países del mundo aplicaban la pena de muerte; hoy son abolicionistas dos tercios y sólo un tercio mantiene vigente la pena capital. En total, 105 países han abolido la condena en derecho y otros 38 en la práctica. Pero en otros 58 se sigue ejecutando a los presos”, explica Raphaël Chenuil Hazan, director de Ensemble contre la peine de mort (Juntos contra la pena de muerte), el grupo que promueve el congreso. Los gobiernos de España, Francia, Noruega y Suiza lo patrocinan oficialmente.
En 2012 al menos 682 prisioneros fueron ejecutados en 21 países —China aparte, con varios miles de ejecuciones— y 1.722 fueron condenadas a la pena capital en 58 Estados, según datos de Amnistía Internacional. Siete países incluso ejecutan a menores, aunque sólo Sudán, Irán y Yemen lo hacen regularmente. En todos los casos se trata de condenas legales, previstas en la legislación de naciones que, a excepción de algunas democracias como Estados Unidos, Japón, India y Taiwán, son mayoritariamente regímenes autoritarios; el congreso no abordará el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales.
Después de Asia, la región de Oriente Próximo-Norte de África concentra el mayor número de ejecuciones del mundo, con una sola excepción: Yibuti, que ha derogado esa condena. Sin embargo, algunos países de la región, como Marruecos, Túnez, Argelia o Líbano, han emprendido reformas favorables a la abolición, como recuerda el marroquí Ahmed Haou, expreso político y excondenado a muerte que hoy es miembro del Consejo Nacional de Derechos Humanos, un órgano imparcial impulsado por el rey Mohamed VI. “Marruecos ha hecho muchos progresos al respecto. La misma Constitución consagra el derecho a la vida; el comité para la reparación de los años de plomo está revisando condenas… Yo fui un preso político, de opinión… Me condené a mí mismo a muerte al presentarme en comisaría para evitar que mi familia fuera torturada. Mi madre y mi padre sufrieron torturas en mi nombre, y mi padre murió a consecuencia de ellas”, explica Haou.
Entre 2011 y mayo de 2013, Illinois, Connecticut y Maryland se convirtieron, respectivamente, en los Estados norteamericanos número 16º, 17º y 18º que suprimieron la pena capital en ese país, recuerda el director del congreso, por lo que “no se puede hablar de EEUU como un todo, cada año hay un Estado que da un paso positivo hacia su desaparición”. Pero las buenas noticias, subraya, no deben empañar el horror absoluto, la sensación con la que los activistas describen la estancia en el corredor de la muerte; al fin y al cabo, la pena de muerte, más allá de una injusticia legal, "es, ante todo, un drama humano; la situación de los hombres y mujeres, y de sus familias, que viven la pena de muerte", subraya Chenuil Hazan. Por eso también, entre los participantes en el congreso estarán Jerry Givens, antiguo guardia del corredor de la muerte del Estado de Virginia, o "una mujer marroquí que perdió a su esposo y su hijo en los atentados de Casablanca, pero que pese a ello milita en el movimiento abolicionista", cuenta Chenuil Hazan.
“Era el horror total, cada movimiento de un guarda lo vivía como el último minuto previo a la ejecución… cada vez que abrían la puerta de la celda pensaba que venían a por mí…”, recuerda Ahmed Haou. Doce años después, el excondenado Martínez sigue soñando con los barrotes de la celda “y la bombilla parpadeante que ilumina la silla eléctrica donde se ejecuta, por eso en mi casa no tengo bombillas, sólo halógenos…”
Fuente: El País
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