Según la legislación vigente, son establecimientos públicos de carácter no penitenciario, dependientes del Ministerio del Interior, para la detención y custodia, a disposición de la autoridad judicial, de extranjeros sometidos a expediente de expulsión del territorio nacional. En España no cabe que un internamiento a efectos de expulsión, devolución o retorno dure más de 60 días.
Según la descripción normativa, el ingreso y estancia en los Centros de Internamiento de Extranjeros tendrá únicamente finalidad preventiva y cautelar, y estará orientado a garantizar la presencia del extranjero durante la sustanciación del expediente administrativo y la ejecución de la medida de expulsión. Este carácter cautelar y preventivo es el que realmente se ausenta de la práctica real, ya que muchas veces se convierten en auténticas prisiones administrativas. Apenas un 50% de los 16.590 migrantes internos en 2010 fueron expulsados, lo que pone de manifiesto un carácter más represivo que efectivo.
Además, estos centros han sido objeto de numerosas críticas y denuncias tanto de la sociedad civil como de organismo oficiales e internacional, derivadas de falta de regulación, malas condiciones para los internos, malos tratos y violencia, prácticas discriminatorias, deficiencias en el trato que reciben los menores extranjeros no acompañados, ausencia de representación legal independiente en los procedimientos de repatriación, la falta de información sobre el derecho a solicitar asilo y a solicitar la residencia, el uso de métodos obsoletos y poco fiables de determinación de la edad, condiciones de hacinamiento, frío y falta de higiene.
El ingreso supone la exposición a unos factores de degradación física y psico-emocional que se acompaña de la negación y vulneración de derechos fundamentales. "La situación acaba por socavar su integridad moral".
La mayoría de los internos son varones, pero existen informes denunciando la especial situación de vulneración de derechos y discriminación en el caso particular de las mujeres.
También debemos recordar la situación de limbo jurídico de los inexpulsables. Los migrantes que han sido retenidos en los CIE pero que no han podido ser expulsados del país son puestos en libertad, y permanecen en territorio español en un “limbo jurídico”. Permanecerán bajo esta condición de alegalidad hasta que rescriba la orden de expulsión que pesa en su contra que, según el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Extranjería, es proporcional al tiempo de prohibición de entrada al país que, por lo general, fluctúa entre tres a cinco años, y diez años para casos excepcionales. En la práctica legal, a este tiempo deberá añadirse dos años, correspondientes a la prescripción de la infracción grave que, según el artículo 53 de la ley, supone “encontrarse irregularmente en territorio español”. En definitiva, la persona ha de esperar un plazo de cinco a siete años para iniciar un trámite de regularización, tiempo en el que correrá el riesgo permanente de ser detenida nuevamente.
Anotar que los CIE no son figuras exclusivas de España, sino que también se dan instituciones similares en otros países, como por ejemplo Francia, Portugal, Italia o Estados Unidos.
Imagen del CIE de Barcelona (fuente: El Mundo: http://estaticos04.elmundo.es/elmundo/imagenes/2012/06/04/espana/1338801548_0.jpg)
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