Se
trata de un informe elaborado por la Red Europea EMIN (European
Minimum Income Network), inserta en el contexto de la Plataforma
Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social.
El
Informe analiza el sistema de prestaciones y rentas mínimas en
España, arrojando luz sobre su insuficiencia e incapacidad para dar
respuesta a una pobreza creciente y diversificada.
La
crisis económica y la persistencia de un mercado laboral segregado
han tenido un profundo impacto sobre la pobreza y la exclusión
social. Por un lado, hay un nuevo perfil de pobreza asociada a la
pérdida del empleo, el des empleo de larga duración, con el peligro
asociado de entrar una situación agravada y crónica que depende, en
gran medida, de la posibilidad de encontrar un trabajo decente. Por
otro lado, la situación económica poco favorable empeora las
oportunidades de empleo para las personas y colectivos más
vulnerables y excluidos del mercado de trabajo, en una proporción
mayor que en la población general.
En
la última década, la pobreza ha crecido y se ha diversificado. Han
aparecido perfiles no tradicionales, como los "trabajadores
pobres", asociados a la debilidad del mercado de trabajo
español, quienes se sumaron a los grupos ya existentes de personas
en riesgo de pobreza y exclusión social.
Estos
cambios conllevan el peligro de convertir una situación temporal
debido a la insuficiencia de ingresos, la pobreza económica, en un
problema estructural de exclusión social. Uno de los ejemplos más
evidentes de estos problemas recientes ha sido el aumento
significativo en el número total de persona s beneficiarias
(miembros y familiares a cargo) de las Rentas Mínimas, un aumento
del 59% entre 2008 y 2012, de un total de 156.000 a 217.000, y del
94% del gasto total de esta línea presupuestaria.
Este
informe muestra que hay cuestiones pendientes que obstaculizan la
capacidad de protección del Sistema de Rentas Mínimas. En la
mayoría de las Comunidades Autónomas, estos esquemas no representan
un ingreso adecuado, capaz de proporcionar una red de seguridad para
quienes no pueden trabajar o acceder a un trabajo decente, sobre todo
porque la cuantía máxima es inferior al salario mínimo. Por otra
parte, hay miles de personas en situación de pobreza que no cumplen
con los requisitos cada vez más estrictos para solicitar el recurso,
o que no saben que tienen derecho a hacerlo, y no lo reclaman.
Actualmente, hay alrededor de 1.800.000 familias en la que las
personas adultas no tienen empleo y podrían, en teoría, ser
candidatas para este apoyo. Sin embargo, el sistema de Renta Mínima
está anclado en un techo, que en 2012 (últimos datos oficiales
disponibles) se situaba en unas 320.000 personas beneficiarias. Por
lo tanto, resulta claramente insuficiente para prevenir la exclusión
social causada por la falta de ingresos y el desempleo prolongado, y
para proporcionar un nivel de vida digno a los que tienen derecho.
Informe
completo:
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