El internamiento indiscriminado de inmigrantes como política de control migratorio

Amnistía Internacional ha presentado un nuevo informe que, bajo el título de “Hay alternativas: No a la detención de las personas inmigrantes”,  denuncia la detención generalizada e indiscriminada de inmigrantes en situación administrativa irregular sin tener en cuenta sus circunstancias personales y se les recluye hasta un máximo de 60 días en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) como política de control migratorio.

Según los datos de la Fiscalía General del Estado, durante el año 2011, más de 13.240 personas fueron ingresadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros. De ellas, 6.825 fueron finalmente expulsadas. Eso significa que el 49% fueron privadas de libertad sin que finalmente fueran expulsadas.

Como nos recuerda Amnistía Internacional, la preocupación por la detención arbitraria y masiva de inmigrantes es compartida por diversos organismos internacionales. 

En 2002, la Relatora Especial para los Trabajadores Migrantes emitió un mensaje sobre la excepcionalidad de la privación de libertad “los inmigrantes irregulares no son delincuentes per se, por lo que no deben ser tratado como tales”.

En marzo de 2011, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU recomendó a España que revisara la legislación y normas internas “que dan lugar a interpretaciones que en la práctica se pueden traducir en la detención indiscriminada y en la restricción de los derechos de los ciudadanos extranjeros en España”.

Además, la crisis económica que está sufriendo España está teniendo un especial impacto en la población inmigrante no comunitaria. Según los datos proporcionados por el gobierno, las autorizaciones de trabajo han descendido en un 58%. Muchas personas que ya eran residentes legales en España no han podido renovar su permiso de residencia al carecer de empleo, quedando así en una situación de irregularidad y estando, también, expuestas a procedimientos de expulsión.

“Las políticas migratorias deben ser acordes con las normas y estándares internacionales y no criminalizar a las personas inmigrantes”, asegura Beltrán.



Fuente: Amnistía Internacional



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