Nos hacemos eco de una comunicación de Amnistía Internacional, a la que nos sumamos. Os dejamos este interesante texto sobre tan importante asunto de actualidad.
La víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial, Amnistía Internacional denuncia reformas legislativas,
prácticas y políticas discriminatorias de las autoridades hacia personas
extranjeras porque pueden vulnerar derechos humanos y suponen un paso
atrás en la lucha contra el racismo.
La actual crisis económica es la excusa que han utilizado las autoridades,
como advirtió el Relator Especial de Naciones Unidas sobre racismo,
discriminación y xenofobia en su última visita a España de enero de
2013, para emprender un retroceso en relación con los derechos humanos de las personas más vulnerables de
nuestra sociedad, haciendo especial mención a migrantes y solicitantes
de asilo. Algunas de estas prácticas discriminatorias persisten desde
hace años sin que hayan sido abordadas por las autoridades.
“Es
crucial que España convierta en una prioridad la agenda de la lucha
contra el racismo, la discriminación racial y las formas conexas de
intolerancia”, aseguró el Relator de Naciones Unidas, propuesta que
Amnistía Internacional comparte plenamente y lleva años exigiendo.
Las políticas emprendidas por las autoridades pueden suponer violaciones de derechos humanos -en el caso del acceso a la salud de personas extranjeras-, criminalización de la inmigración
-persiste y se aprecia en los controles de identidad con sesgo racial y
en la detención e internamiento de personas inmigrantes en situación
administrativa irregular de forma generalizada-, penalización de la hospitalidad -con la reforma del nuevo Código Penal que incluirá sanciones contra quienes acojan a inmigrantes en situación irregular- y discriminación de minorías étnicas y religiosas
en el ámbito del empleo, la vivienda, la educación o incluso en en el
ejercicio de su libertad religiosa -se aprecia en las restricciones del
uso del hiyab y obstáculos los para la apertura de centros de culto-.
En
ocasiones, las personas extranjeras están también en el punto de mira y
desde diversos ámbitos se les acusa de ser la causa de la grave
situación económica, el aumento del paro y las restricciones que sufren
personas españolas. Esta estigmatizacion, así como el estereotipo que
identifica inmigrante con delincuente, son consecuencia de la ausencia
de una estrategia clara y visible que combata el racismo y la xenofobia
en la sociedad española.
Nuevas políticas discriminatorias
Amnistía
Internacional considera que el Real Decreto Ley adoptado por el
gobierno y que entró en vigor en septiembre pasado, por el cual la
atención sanitaria gratuita de las personas migrantes mayores de edad en
situación irregular se limita a urgencias y atención al embarazo, parto
y posparto podría ser discriminatorio porque restringe el derecho humano de acceso a la salud.
Lamenta igualmente que las autoridades hayan acudido a argumentos como
“el abuso del sistema de salud por parte de extranjeros” o a conceptos
como “turismo sanitario” para limitar un derecho humano.
La organización también da la voz de alarma frente a la penalización de la hospitalidad,
algo que aparece recogido en la nueva reforma del Código Penal y que
supondrá una barrera más al disfrute de los derechos humanos de las
personas migrantes. Sancionar a quienes pretender ayudar a las personas
migrantes en situación irregular no sólo puede acarrear una mayor
vulnerabilidad de los y las migrantes, sino conducir al aumento del
rechazo y los prejuicios hacia estas personas
Prácticas discriminatorias persistentes
La criminalización de la inmigración sigue
siendo el resultado de una política migratoria que prima el control
migratorio por encima de los derechos de las personas migrantes. No hay
medidas que garanticen que los agentes de policía no realizan controles
de identidad con sesgo racial. Tampoco el gobierno está proporcionando
datos que permitan comprobar el cumplimiento de una medida adoptada el
año pasado que prohibía las actuaciones masivas discriminatorias. Al
contrario, algunas organizaciones denuncian que las personas son paradas
por las fuerzas de seguridad cuando van a trabajar, en la calle,
simplemente por sus rasgos étnicos.
Continúa también la detención e internamiento de manera generalizada de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular,
sin que hayan cometido delito alguno. Además, se denuncia que las
condiciones en los Centros de Internamiento para Extranjeros no son las
adecuadas, continúa la falta de control frente a violaciones de derechos
humanos que podrían producirse en su interior, el internamiento de
mujeres que podrían ser víctimas de trata -no son previamente
identificadas- o la falta de contactos de los internos con el exterior.
Suscita preocupación que personas refugiadas no tengan acceso a un
procedimiento de asilo adecuado y que pueda estar internándose a menores
cuya mayoría de edad no haya podido ser demostrada.
Además, persiste la discriminación a las minorías religiosas.
Esta discriminación se manifiesta en las restricciones que sufren las
personas musulmanas en el ejercicio de sus derechos a la libertad de
expresión y religión, con impacto mayor en mujeres y niñas. Algunos
ayuntamientos y edificios públicos han prohibido el uso del velo
integral en sus instalaciones, a pesar de que una reciente sentencia del
Tribunal Supremo lo ha cuestionado. Estas restricciones han afectado
también a menores que han tenido que cambiar de escuela por llevar el
velo islámico. Por último, se han registrado casos en los que son
evidentes los obstáculos para la apertura de centros de culto,
incluyendo moratorias o denegaciones de licencias debido a las protestas
vecinales.
El racismo es invisible en España
Sigue sin existir en España un diagnóstico sobre la situación del racismo y la discriminación. España
sigue sin recoger y publicar de manera oficial, periódica y sistemática
datos sobre incidentes racistas y casos de discriminación. Sin esos datos, no es posible diseñar políticas efectivas para combatir la discriminación.
En
2011 una red de ONGs -la Red de Víctimas del Consejo para la Igualdad
de Trato- asistió 253 casos colectivos de discriminación y 337 casos
individuales, más de la mitad de estos últimos se producían en el ámbito
público. Sin embargo, la capacidad de la Red y del Consejo es limitada
por falta de recursos, independencia y por la limitación de un mandato
que no permite a este organismo litigar o investigar casos de
discriminación. La actividad de la Red ha estado prácticamente parada
durante el año 2012.
Según la Agencia de Derechos Fundamentales
de la Unión Europea, España sólo recoge datos sobre incidentes racistas
de manera limitada. De acuerdo con el Ministerio del Interior, en el
año 2012 se identificaron 224 incidentes racistas y/o xenófobos. Estas
cifras no recogen otras formas de discriminación que sí se registran en
otros países europeos –como la islamofobia o el antisemitismo- y
proporcionan información limitada en la medida que no existe un
protocolo que obligue a las fuerzas de seguridad a identificar y recoger
los incidentes discriminatorios.
Amnistía Internacional teme
que la mayor parte de los incidentes discriminatorios no están siendo
denunciados, identificados o registrados. Sin ello, no es posible una
investigación efectiva ni por tanto proporcionar un recurso y reparación
adecuado a las víctimas.
La organización denuncia la falta de voluntad política
para que esta situación cambie. Al contrario, las últimas medidas de
las autoridades suponen un paso atrás y contribuyen a alimentar el
racismo y la discriminación. Por ello presenta una Agenda De Derechos
Humanos a las autoridades y exige que la lucha contra el racismo y la
xenofobia se conviertan en una prioridad.
Área Internacional
Instituto Europeo Campus Stellae
Teléfono: +0034 981522788
