La situación de los inmigrantes irregulares en España

El objetivo de los inmigrantes a la hora de emprender su proyecto migratorio es la esperanza de una vida mejor. La huida se puede producir por una imposibilidad de cubrir sus necesidades básicas, la existencia de un conflicto social, la miseria o hambruna, la violación de los derechos humanos,... Sin embargo, al llegar a un nuevo país lo que se encuentran de modo habitual es desarraigo, exclusión e incomprensión; lo que desemboca en una situación de vulnerabilidad y explotación.

El inmigrante no viaja solo, sino que con él va su identificación, su cultura, sus principios y su religión; además del pueblo que deja atrás con sus estructuras sociales, económicas, políticas y culturales. Muchas veces el proyecto que se emprende, aparte de un abandono del entorno afectivo, supone la entrada en una sociedad desconocida en la que causan una inicial desconfianza.

A su llegada como irregular, o con la adquisición de este estatus sobrevenido por su permanencia, se generan procesos de precariedad que van desde la pobreza hasta la total exclusión. Pero exclusión no se debe identificar con pobreza, ya que, como dice Paul Spicker, “exclusión no es lo mismo que pobreza. Aunque los dos conceptos son a menudo estrechamente identificados, la idea de exlusión surge de una fuente diferente. Pobreza es una palabra de múltiples significados: suele referirse a circunstancias materiales, a recursos económicos y a posición social. Exclusión alude principalmente a relaciones sociales: las personas son excluidas cuando no son parte de las redes de relaciones que constituyen una sociedad (…), son excluidas cuando no forman parte de las redes sociales de solidaridad, e incapaces de participar en la sociedad”.

Se puede ser pobre, pero no estar excluido. La exclusión social, por tanto, no sólo se produce por falta de medios económicos, sino por la ausencia de ámbitos o espacios relacionales, económicos, sociales, personales, políticos o culturales. La condición de los inmigrantes irregulares, que no poseen documentación ni acceso a condiciones laborales regulares, sin opción de acudir a los servicios sociales, con problemas de educación, de relación y en precarias condiciones de vida, hace que posean la mayoría de indicadores para ser víctimas de exclusión social. Las lógicas excluyentes más empleadas en la sociedad receptora son las que se refieren al inmigrante como amenaza a la seguridad ciudadana, a la identidad cultural o a la competencia por los recursos.

Todo esto hace que los inmigrantes irregulares, de cara a su integración social, partan desde una posición de desventaja respecto a los nacionales y los que los convierte en un colectivo en riesgo de exclusión. Ésta puede ser caracterizada por la carencia de medios asistenciales y de subsistencia, ausencia de entornos sociales, culturales, educacionales y religiosos. Al encontrarse en una situación irregular, temen ser expulsados, por lo que evitan cualquier gestión administrativa o transacción civil o mercantil. Incluso la asistencia a centros de salud para la atención de sus enfermedades se ve condicionada por su circunstancia irregular, ya que temen ser rechazados o denunciados.

En el caso español, los inmigrantes irregulares ven limitados sus derechos respectos a los regulares y la población autóctona. De este modo, se dividen los derechos según la situación legal en la que se encuentren las personas: por un lado, los derechos de los autóctonos y los inmigrantes regulares y, por el otro, los de los irregulares.

Desde 1997 en España, todos aquellos que residan en un municipio pueden inscribirse en el padrón municipal, tengan o no regularizada su situación en el Registro del Ministerio del Interior. Sin embargo, las dificultades que se dan en algunos municipios para proceder al empadronamiento han sido denunciadas por varias organizaciones. Los casos más flagrantes son los de Vic y Torrejón de Ardoz.

Los derechos asegurados a los irregulares son básicos:

- La asistencia sanitaria de urgencia. La asistencia sanitaria de carácter universal se reduce a aquellos que estén empadronados, a las embarazadas y a los menores de edad; reservándose para los no empadronados una asistencia de urgencia limitada a la duración de la enfermedad, hasta que se logre el alta médica.

- El derecho de educación gratuita y obligatoria, que en España abarca la escolarización desde los 6 a los 16 años. Los inmigrantes censados pueden mantenerse en el sistema educativo hasta la mayoría de edad. En algunas zonas se pueden obtener becas de comedor o material escolar incluso en situación de irregularidad.

- Los Servicios Sociales se reservan a la residencia legal en España. Los censados pueden recibir prestaciones sociales básicas que pueden ser diferentes dependiendo de la Comunidad Autónoma.

- En 2007 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las restricciones que la Ley de Extranjería de 2000 había impuesto a los derechos de asociación, reunión y sindicación, limitándolos a aquellos en situación irregular.

- Derecho a asistencia jurídica gratuita.

El inmigrante irregular no censado es un sujeto casi sin derechos que deberá refugiarse en la economía sumergida, en la asistencia sanitaria sólo en caso de urgencia y en la clandestinidad. Aquél que se halle censado también trabajará en la economía sumergida y se encontrará en situación de vulnerabilidad, aunque tendrá acceso al sistema sanitario y a la educación. El empadronamiento de irregulares es un paso hacia un incremento mínimo, pero sustancial, de sus derechos. Si bien, para cualquier inmigrante en situación no regularizada se contempla la posibilidad de expulsión, lo que se constituye como traba indirecta a la hora de acceder a los derechos para ellos contemplados por miedo a ser denunciados.

La primera exigencia para este tipo de inmigrantes es la satisfacción de subsistencias y necesidades básicas, el conocimiento del idioma, el acceso a una vivienda digna y, sobre todo, una documentación que dé acceso a una cobertura de sus derechos asistenciales. En una segunda línea estarían la educación, la formación para el empleo y los demás servicios sociales. El desamparo o la marginación son circunstancias que una buena planificación de inclusión social debería evitar y suprimir. Pero la integración es un proceso muy difícil que, no sólo depende de la formación de los inmigrantes, sino también de la sensibilización de la población receptora. Los dos puntos fundamentales sobre los que hay que actuar están en el déficit de ayudas asistenciales y la eficacia de las mismas y en la necesidad de sensibilizar a la población para lograr una integración efectiva del colectivo inmigrante.

Y es que la realidad de la situación de la inmigración ilegal se caracteriza por la vulnerabilidad, sobre todo en el actual contexto de crisis económica. Es necesario llegar al convencimiento de la necesidad de superar las distancias y las barreras para lograr una aplicación efectiva de los derechos universales, que son propios de cada ser humano, y lograr evitar situaciones de exclusión promoviendo la inclusión y los mecanismos de defensa de los derechos para todos. La diferencia no debe radicar en la posición legal de la persona, sino en la urgencia de la satisfacción de las necesidades o prevención de posiciones de exclusión.

Fuentes: del Valle Gálvez, A.; Acosta Sánchez, M. A.; Inmigración irregular y derecho, Cádiz: Universidad de Cádiz, 2005
Ruiz López, B.; Ruiz Vieytez, E.J.; Las políticas de inmigración: la legitimación de la exclusión, Bilbao: Universidad de Deusto, 2001