Si no hay una reacción de última hora, Europa dará la segunda estocada a los inmigrantes de fuera de la Unión con la aprobación de la norma que pretende regular la inmigración legal. El Parlamento Europeo debatirá hoy y votará mañana la directiva de permiso único, que establece un procedimiento para los permisos de residencia y trabajo para los ciudadanos de países de fuera de la Unión. El texto, que aspira a crear una política global en materia de inmigración, está plagado de discriminaciones a estos trabajadores con la derogación de importantes derechos y la exclusión de varios colectivos.
La propuesta, que pretende fijar un marco de derechos uniforme para estos inmigrantes, está llena de exclusiones y derogaciones. Perjudica, por ejemplo, a los trabajadores temporales, a los desplazados, a los trasladados por empresas de terceros países, a los de empresas prestadoras de servicios mediante contrato y a determinados puestos de aprendices.
Las derogaciones más significativas son las referidas a la exportación de pensiones, el reconocimiento de prestaciones familiares, el derecho a la vivienda, a la formación y a la educación permanente. Un ejemplo: un emigrante turco o marroquí que haya trabajado en Alemania, no podrá recibir su pensión en su país de origen si decide retirarse allí. Deberá permanecer en el país donde haya trabajado, a no ser que la legislación de este último se lo permita.
Si el Parlamento Europeo aprueba mañana la directiva -para lo que es suficiente la mayoría simple- sin enmiendas significativas, la norma será adoptada definitivamente el próximo 21 de diciembre por el Consejo de Justicia e Interior. Si la propuesta no fuera aprobada, se abriría un nuevo procedimiento de discusión en el que tendrían audiencia patronales, sindicatos y organizaciones civiles y no gubernamentales.
Se justifica, desde la Unión Europea, que el objetivo de esta medida es "garantizar un trato justo a los nacionales de terceros países que residen legalmente en territorio de sus Estados miembros", dado que, cada día la globalización en el mercado laboral, es mayor, esta directiva sería un gran incentivo para atraer a los trabajadores de terceros países, además al establecer procedimientos administrativos simplificados y accesibles, la atracción sería mayor.
Pero realmente, ¿ que sentido tomaría esta medida? En ella misma se establece que, "aunque los trabajadores de terceros países disfrutarían de un trato equiparable al de los europeos", los Estados miembros "podrían limitar estos derechos en algunos casos". De manera que, podría darse el caso de que muchas compañías trasladaran las sedes de sus empresas a otros países para posteriormente desplazar a sus trabajadores a sus sucursales en la UE y así evitar tener que darles los mismos derechos que tienen los europeos.
A la hora de adoptar estas medidas recordemos, que todos los seres humanos, tienen el derecho de recibir el mismo trato, y no ser discriminados por su nacionalidad. Confiemos pues en que las votaciones que tengan lugar, tengan presente los derechos universales de los individuos.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/
No hay comentarios:
Publicar un comentario