La OCDE conjuntamente con el G20 y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, del inglés United Nations Office on Drugs and Crime) organizan estos días una conferencia internacional contra la corrupción en París. El evento lleva el nombre de “Uniendo fuerzas contra la corrupción: Negocios y gobierno”, y aborda uno de esos temas que mide la calidad de las democracias: la corrupción.
A veces damos por descontado el compromiso de las autoridades en la lucha contra la corrupción, pero la realidad desmiente bastante este falaz axioma. Por ejemplo, la OCDE afirma que sólo 5 de las 38 naciones que firmaron una convención contra el soborno (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions) han sancionado a empresas o particulares en el último año por ese delito (países como China, India y Rusia no firmaron el acuerdo). El convenio fue firmado el 17 de diciembre de 1997 y entró en vigor el 15 de febrero 1999. La OCDE no tiene autoridad para aplicar la Convención, sino que supervisa la aplicación por los países participantes. Los países tienen la responsabilidad de implementar y aplicacar leyes y reglamentos que se ajusten a la convención y por lo tanto ofrecer medios para su ejecución. La OCDE lleva a cabo su función de supervisión en un proceso de examen en dos fases. La Fase I consiste en una revisión de la legislación de aplicación de las convenciones en el país miembro con el objetivo de evaluar la adecuación de las leyes. Fase 2 evalúa la eficacia con que se aplica la legislación.
Un referencia internacional en este tema es Transparencia Internacional, recomendada la visita a su página, llena de información.
http://www.oecd.org/document/63/0,3746,en_21571361_44315115_47281343_1_1_1_1,00.html
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