La Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó como un avance histórico en el combate a la impunidad el juicio que se realiza en Guatemala al ex jefe de Estado Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes contra la humanidad.
Al presentar al Consejo de Derechos Humanos un informe sobre la nación centroamericana, Kyung-wha Kang destacó la importancia que el proceso de Ríos Montt tiene para las víctimas, que han buscado justicia durante décadas.
Del mismo modo, subrayó los avances de Guatemala en la lucha contra los abusos de las garantías fundamentales, la corrupción y el crimen organizado.
No obstante, Kyung-wha expresó preocupación por la persistencia de la discriminación contra los pueblos indígenas, la violencia de género y la situación de los activistas de derechos humanos.
“Se necesitan reformas estructurales para erradicar los patrones persistentes de racismo y discriminación que afectan a los pueblos indígenas, que constituyen la mayoría de la población. Su acceso a servicios básicos, propiedad de la tierra, justicia o participación en la vida pública es muy limitada. Más aún, existe una tendencia a criminalizar a los líderes indígenas que claman por sus derechos”, dijo.
Por su parte, el ministro de Paz de Guatemala, Antonio Arenales Forno, respondió el informe explicando los esfuerzos del gobierno por alcanzar un orden jurídico-político adecuado a la realidad multiétnica del país.
“Se continúa haciendo reformas legales que incluyen una reforma constitucional que busca el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas”, apuntó Arenales Forno.
Al presentar al Consejo de Derechos Humanos un informe sobre la nación centroamericana, Kyung-wha Kang destacó la importancia que el proceso de Ríos Montt tiene para las víctimas, que han buscado justicia durante décadas.
Del mismo modo, subrayó los avances de Guatemala en la lucha contra los abusos de las garantías fundamentales, la corrupción y el crimen organizado.
No obstante, Kyung-wha expresó preocupación por la persistencia de la discriminación contra los pueblos indígenas, la violencia de género y la situación de los activistas de derechos humanos.
“Se necesitan reformas estructurales para erradicar los patrones persistentes de racismo y discriminación que afectan a los pueblos indígenas, que constituyen la mayoría de la población. Su acceso a servicios básicos, propiedad de la tierra, justicia o participación en la vida pública es muy limitada. Más aún, existe una tendencia a criminalizar a los líderes indígenas que claman por sus derechos”, dijo.
Por su parte, el ministro de Paz de Guatemala, Antonio Arenales Forno, respondió el informe explicando los esfuerzos del gobierno por alcanzar un orden jurídico-político adecuado a la realidad multiétnica del país.
“Se continúa haciendo reformas legales que incluyen una reforma constitucional que busca el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas”, apuntó Arenales Forno.
Fuente: ONU
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