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Estrasburgo tumba un crímen del franquismo por estar "fuera de plazo"

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado la demanda presentada por los familiares del que fuera diputado socialista Luis Dorado Luque, fusilado y enterrado en una fosa común en el Cementerio de la Salud de Córdoba durante la Guerra Civil. Se trata del primer pronunciamiento de Estrasburgo en relación a las víctimas del franquismo.

En la resolución, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala que la demanda presentada por el nieto y la hija de Dorado Luque por su desaparición tras ser detenido por las fuerzas armadas el 18 de julio de 1936 queda rechazada al haberse presentado "fuera de plazo".

Concluye que, aunque la reclamación de los demandantes se refiere a unos hechos que ocurrieron mucho tiempo antes de la adopción de la Convención Europea de Derechos Humanos (el 4 de noviembre de 1950) y su ratificación por España el 4 de octubre de 1979, el derecho al recurso individual es posible desde el 1 de julio de 1981. 

Según apunta Estrasburgo, pasaron 25 años entre esa fecha y la querella interpuesta ante el Juzgado de Instrucción nº2 de Córdoba. Y 28 hasta que fue presentada la demanda en el TEDH, 73 años después de la desaparición del diputado. Razón por la que la corte europea afirma que los demandantes "no tenían auténticas esperanzas sobre los progresos realizados para encontrar el cuerpo".

"Si bien la Corte es consciente de las dificultades de los demandantes a presentar sus quejas ante los tribunales nacionales, incluso después del final del régimen de Franco, teniendo en cuenta la Ley de Amnistía de 1977", dice el TEDH, esta no es circunstancia para eximirles de mostrar "la debida diligencia y para llevar su caso ante la Corte sin demora indebida". Así, Estrasburgo justifica que "no pueden esperar indefinidamente" a que la investigación se reduzca "cada vez más" por el paso del tiempo, el olvido de los detalles o la muerte o imposibilidad de localización de los posibles testigos.

El nieto del diputado malagueño, Antonio Gutiérrez Dorado, llevó el caso a Estrasburgo junto a su madre tras agotar las instancias nacionales: el citado juzgado cordobés, la Audiencia Provincial de Córdoba y el Tribunal Constitucional.

Además, presentó, con otras asociaciones de víctimas, una demanda ante la Audiencia Nacional, de la que el entonces titular del juzgado nº5 Baltasar Garzón se inhibió en 2008 en favor de los órganos judiciales territoriales. El Tribunal de Estrasburgo tiene pendiente de resolución la demanda contra España presentada por la nieta del que fuera presidente de Gobierno de la República Juan Negrín.


Fuente: Público



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La dictadura terrorista y totalitaria

Os dejamos en esta ocasión un artículo para la reflexión, del Catedrático de Ciencias Políticas Vicenç Navarro.

VICENÇ NAVARRO

A la vuelta de un largo exilio, uno de los hechos que más me sorprendieron de la vida política española fue la percepción –ampliamente aceptada por el establishment político, y promovida por los medios de mayor difusión– de que la Transición de la dictadura a la democracia había sido modélica, creando una democracia que era homologable a las existentes en la Europa occidental. La realidad, sin embargo, mostraba con toda su crudeza una democracia muy incompleta y un bienestar muy insuficiente, realidad que continúa hoy, 33 años después.
España continúa teniendo el gasto público social (que financia al Estado del bienestar) per cápita más bajo de la UE-15. Y políticamente acabamos de ver cómo las fuerzas conservadoras han intentado prohibir la participación en el proceso democrático de un partido político, Bildu, debido a su origen, enraizado en una fuerza terrorista, ETA, y ello a pesar de que tal partido se ha distanciado de la violencia y ha aceptado las reglas del proceso democrático. Pero esto parece no ser suficiente para el Partido Popular, que desea que este partido condene tal pasado terrorista, intentando llevar a la cárcel a todos aquellos que todavía hoy defienden a ETA.
Este comportamiento sancionador del terrorismo contrasta, sin embargo, con el comportamiento del propio Partido Popular, que nunca ha condenado explícitamente y por su nombre a la mayor fuerza terrorista que existió en España durante el siglo XX, responsable del mayor número de asesinatos políticos que haya ocurrido en la historia del país. Ningún otro régimen ha asesinado a tantos españoles como la dictadura iniciada por un golpe militar, liderado por el general Franco, en contra de un sistema democrático, la II República. Fue un régimen basado en el terror, con asesinatos políticos (por cada asesinato político que cometió Mu-
ssolini, Franco cometió 10.000), torturas (sistemáticamente realizadas en sus cárceles), campos de concentración y exilio. Aquel golpe fue realizado por los que falsamente se autodefinieron como los nacionales (la mayoría de sus tropas de ataque eran mercenarios y extranjeros, y su victoria se debió única y exclusivamente al apoyo extranjero de Hitler y Mussolini) que estaban en una “cruzada” (cuyas tropas de choque, paradójicamente, eran musulmanas) y que supuestamente defendían a la patria (imprimiendo un enorme retraso económico, político, cultural y social al país). En realidad, era una minoría en contra de la mayoría de las clases populares de los distintos pueblos y naciones de España, lo cual requería el terror para su propia supervivencia. El terror fue sustancial en la existencia de aquel régimen hasta su último día.
Sin pretender establecer categorías, el número de víctimas de aquel terror (asesinatos políticos) fue de casi 200.000, una cifra mucho mayor que la realizada por ETA (839). Las víctimas de aquel régimen terrorista continúan ignoradas durante el periodo democrático, sin que el Estado las haya homenajeado como se merecen. El contraste entre el comportamiento del Estado hacia las víctimas de ETA y las víctimas de la dictadura es vergonzoso e ilustra no sólo la diferente vara de medir el terrorismo, sino la baja calidad del estado democrático, cuyo Tribunal Supremo, por cierto, está enjuiciando al único juez que ha intentado en España que el Estado se responsabilizara de encontrar a los desaparecidos en aquella dictadura y de enjuiciar a los responsables de tanto dolor y terror.
La entrada dedicada a Franco del Diccionario Biográfico Español –publicado por la Real Academia de la Historia, e iniciado y financiado por el Gobierno del PP dirigido por José María Aznar– es una alabanza y una apología del responsable del mayor terror que haya existido en España. A pesar de ello, un dirigente del PP alabó la biografía de tal terrorista, presentándola como obra ejemplar. Utilizando el mismo criterio que tal partido aplica a ETA, el autor de tal biografía debiera estar en la cárcel y la Real Academia de la Historia tendría que haberse cerrado. Y, al propio portavoz del PP que hizo tal alabanza, se le hubiera tenido que llevar a los tribunales.
El hecho de que todo esto no ocurra muestra el enorme poder de las fuerzas conservadoras que hegemonizaron el proceso de la Transición y el periodo democrático. ¿Cómo, si no, puede explicarse que incluso hoy, en los libros de texto de la asignatura obligatoria de cultura cívica se sostengan posturas dignas de la ultraderecha del Tea Party de EEUU, tales como definir al feto como ser humano, considerar el aborto voluntario como un asesinato, o definir al darwinismo como una doctrina sospechosa? ¿Y, cómo, si no, pueden explicarse la visión tan sesgada y negativa que se da de la II República y el silencio sobre el terror del régimen que la derrocó que están presentes en los libros de texto de las escuelas públicas?
Pero la represión de aquel régimen fue también psicológica e ideológica, precisamente debido al carácter totalitario del mismo. La ideología que imponía era el nacionalcatolicismo, mezcla de un nacionalismo españolista extremo e imperialista, con características racistas (el día nacional se llamaba el Día de la Raza, y la película que realizó el dictador se llamó Raza) y de un catolicismo reaccionario en extremo que, junto con su caudillismo, un machismo muy acentuado y una hostilidad al mundo obrero y sindical, constituyó una ideología totalizante, pues quería cambiar “al hombre”, penetrando en las áreas más íntimas de las personas, desde el sexo hasta la lengua, todo ello normatizado. Tal régimen tuvo pleno control de los medios y de las instituciones. Considerar aquel régimen como meramente autoritario es ignorar la asfixia intelectual, política, económica y cultural que la mayoría de las clases populares sufrieron para mantener la “placidez” de aquellos que se beneficiaron de tal terror.

Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra


Fuente: Público



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Garzón acude a Estrasburgo para denunciar la causa abierta contra él

Considera que se ataca su independencia judicial y que se deja "indefensas a las víctimas" del franquismo

El juez Baltasar Garzón ha decidido acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para defenderse de la causa que el Tribunal Supremo mantiene abierta contra él desde que se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo.

Garzón presentó este jueves una demanda contra el Supremo en la que pone en cuestión el procedimiento que tiene el Tribunal contra él por un supuesto delito de prevaricación. A su juicio, esta causa viola el principio de independencia judicial y ataca la libre de interpretación de la ley y al Estado de Derecho. Según Garzón, se está dejando "indefensas a las víctimas" del franquismo.

El juez, que fue suspendido provisionalmente de sus funciones en la Audiencia Nacional y que actualmente es consultor de la Fiscalía en la Corte Penal Internacional en La Haya, está representado por INTERIGHTS, una organización establecida en Londres y especializada en litigios internacionales sobre casos de derechos humanos. Según ha informado esta organización en un comunicado, la demanda fue presentada este jueves con el fin de "reivindicar el derecho del juez Garzón a desempeñar sus obligaciones sin miedo a la persecución judicial".

"La normativa internacional impide enjuiciar a los jueces por sus decisiones"

El juez Garzón alega, entre otras cuestiones, que el procedimiento que se sigue contra él por investigar los crímenes del franquismo viola varias de las obligaciones españolas según el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Entre éstas cita la obligación de proteger la independencia judicial y a los individuos de procedimientos penales sin fundamento.

"En concreto, el caso pone de manifiesto las violaciones de la obligación de no someter a los individuos a procesos penales injustos 'per se', de someter a personas a procesos sólo sobre la base de normas penales claras y estrictamente aplicadas y de respetar la vida personal y el desarrollo profesional de los individuos y sus derechos a expresar opiniones judiciales", señala.

"Garzón está siendo castigado por hacer efectivas las obligaciones de España"

Añade además que "la normativa internacional en materia de independencia judicial impide el enjuiciamiento de los jueces por sus decisiones judiciales a fin de preservar su independencia". Otro de los argumentos que esgrime en su demanda es que "la opinión de que las amnistías y la prescripción no se aplican a delitos graves en virtud del derecho internacional, incluidos los crímenes contra la humanidad, cuenta con un apoyo generalizado en todo el Derecho y la práctica internacionales".

Por lo tanto, agrega el texto, la interpretación del juez Garzón no se puede calificar de arbitraria o irrazonable, sino que "está avalada por muchos otros tribunales y organismos tanto en el ámbito nacional como en el internacional".

Según la directora del departamento de litigios de INTERIGHTS, Helen Duffy, Garzón "está siendo castigado por hacer efectivas las obligaciones internacionales de España de investigar crímenes graves y de honrar los derechos de las víctimas". En su opinión, "ahora él mismo es víctima de un procedimiento penal injustificable, que ha dejado una profunda huella en su vida".

El Supremo tiene paralizado este procedimiento hasta que se resuelvan las recusaciones que el juez ha promovido contra cinco de los siete magistrados del Alto Tribunal que le juzgarán, mientras que la fecha del juicio aún no ha sido señalada.

Fuente: Público

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