Naciones Unidas reclama a España juzgar las desapariciones del franquismo

La ONU dejó este lunes una larga lista de deberes al  Ejecutivo. Tras pasar una semana en España y reunirse con “un centenar” de víctimas del franquismo y varias decenas de autoridades, estatales y autonómicas, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para las Desapariciones Forzadas, que actúa como canal de comunicación entre las familias que buscan algún desaparecido y los Gobiernos, ha comunicado sus primeras impresiones —el informe definitivo lo presentará en 2014 ante el Consejo de Derechos Humanos— sobre si las autoridades españolas están haciendo lo suficiente por los familiares de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura. La respuesta es que no. El Ejecutivo, aseguran los dos enviados de la ONU —Jasminka Dzumhur y Ariel Dulitzky— debe “asumir su responsabilidad”, elaborar un “plan nacional de búsqueda de desaparecidos”, derogar la ley de amnistía y juzgar en España las desapariciones forzadas.

Esta es la lista de deberes que deja Naciones Unidas tras reunirse, entre otros, con los secretarios de Estado de Justicia, Seguridad y Cooperación Internacional, representantes del Ministerio de Defensa y Exteriores, jueces del Consejo del Poder Judicial, fiscales, el presidente del Senado, la comisión de Interior del Congreso, la Defensora del Pueblo, o la Conferencia Episcopal. Durante su visita se desplazaron a Cataluña, País Vasco y Andalucía. El Gobierno no está obligado a hacer esos deberes, aunque en un plazo de dos años, la ONU recuerda que hará un informe de seguimiento para ver si le han hecho caso.

Juicios en España y colaboración con la juez argentina. 

La ONU recuerda que la desaparición forzada es “un delito continuado, que no prescribe”, por eso insta al Estado español a cumplir con sus “obligaciones internacionales”, tipificar este delito de forma autónoma en el Código Penal, “dejar sin efecto la ley de amnistía de 1977” y juzgar en España las más de 114.000 desapariciones de las que el juez Baltasar Garzón hablaba en su auto de 2008. Los enviados de Naciones Unidas lamentaron que no existiera ninguna investigación judicial sobre esas desapariciones, ni condenado alguno, y que los jueces no acudieran a las fosas cuando los familiares de las víctimas les informaban de hallazgos de restos humanos con signos de muerte violenta durante alguna exhumación.

Dulitzky atribuyó al auto del Supremo de 2012 y a un “efecto contrario” del procesamiento de Garzón que ningún otro juez se haya atrevido a emprender investigaciones similares. En todo caso, los enviados de la ONU piden al Gobierno que preste “todo el auxilio judicial” a cualquier procedimiento penal abierto por estos hechos en otros países, como Argentina, y animan al España a recuperar los principios de justicia universal que aplicaba antes de restringirla, en 2009, a casos en que hubiera víctimas españolas.

La búsqueda de desaparecidos, “política de Estado”. 

La búsqueda de quienes fueron detenidos y presuntamente fusilados durante el franquismo “no puede ser una tarea de los familiares, sino una obligación del Estado”, aseguran los expertos de la ONU, tras constatar durante su visita a España que las familias de las víctimas están prácticamente solas. “Es esencial que el Estado asuma su responsabilidad”, declaró Dulitzky, “y elabore un plan nacional de búsqueda de desaparecidos”, con una entidad estatal que elabore una base de datos centralizada. Como punto de partida, propuso utilizar la que había realizado Garzón. El Estado debe asumir esa tarea y prestar un “mayor apoyo institucional y financiero” a las víctimas. Y además, insistió, debe hacerlo de forma “urgente” porque muchos familiares de los desaparecidos tienen una edad muy avanzada y están muriendo.

Trato diferente según el partido que gobierne. 

Los expertos visitaron Madrid, Cataluña, Andalucía y País Vasco y pudieron constatar que el trato a las víctimas “depende altamente del partido político gobernante en cada lugar”. Así, en unas comunidades autónomas “las autoridades asumen la responsabilidad de la exhumación” y en otras son “completamente ajenas”.

Archivos que se abren si quiere el funcionario. 

El grupo constató la “resistencia” a desclasificar ciertos documentos y las dificultades de las víctimas para consultar información esencial. “Todavía depende de la voluntad del funcionario del registro por lo que proponemos una ley de acceso a la información que garantice el derecho a saber la verdad”.

Ley de memoria y Valle de los Caídos. 

Los enviados de la ONU consideran que la ley de memoria tenía un “alcance limitado” y que en cualquier caso el Gobierno ha dejado de dotarla de fondos para desarrollarla. El Ejecutivo había eliminado la partida, según les explicaron, “debido a la crisis”, pero los expertos insisten en que es necesario buscar los “fondos adecuados”. Tras visitar el Valle de los Caídos se mostraron de acuerdo con las conclusiones del grupo de expertos constituido por el Ejecutivo de Zapatero en 2011: sacar los restos de Franco y convertir su monumental tumba en un centro de memoria. “Es un debate que la sociedad española debería tener”, dijo Dulitzky.

41 fosas en espera

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que viajó en 2002 por primera vez a la sede de Naciones Unidas en Ginebra con 64 casos de desaparecidos del franquismo,  celebra que "el principal organismo mundial de derechos humanos" reclame al Gobierno español "medidas reparadoras, que abran las puertas de la justicia". En estos momentos, la asociación tiene una lista de 41 fosas que esperan a ser exhumadas "debido a la falta de recursos". Además, ante la nula financiación peligra el laboratorio de estudio de restos que la ARMH tiene en Ponferrada (León). Durante su reunión con los enviados de la ONU, la ARMH mostró y entregó copia de las numerosas denuncias desatendidas que habían presentado en los últimos años en diferentes juzgados tras abrir una fosa y certificar el hallazgo de restos humanos con signos de muerte violenta.

Amnistía Internacional también pide al Gobierno que acate las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada.

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La ONU avisa a España

España está obligada ante las leyes internacionales a investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, incluidos los cometidos durante el régimen de Francisco Franco.
Así lo subrayó hoy la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, al referirse a uno de los procesos abiertos contra el juez español Baltasar Garzón por investigar más de 100.000 casos de desapariciones forzadas presuntamente ocurridas durante la guerra civil española y el franquismo.

Durante una conferencia de prensa en Ginebra, el portavoz de ese organismo, Rupert Colville indicó que del mismo modo, ese país está obligado a enjuiciar a los responsables de esos actos y a reparar a las víctimas.

Explicó que según las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos en 2009, España debería revocar la ley de amnistía de 1977, la cual no está en conformidad con las leyes internacionales de derechos humanos.

“También creemos que los jueces no deberían ser enjuiciados por hacer su trabajo. En este caso, es la defensa de los estándares de las leyes internacionales de que la amnistía no debería ser concedida a responsables de crímenes contra la humanidad”, especificó el portavoz.

El Tribunal Supremo español inhabilitó ayer a Garzón como juez por 11 años y lo expulsó de la carrera judicial por otro de los casos que se le siguen.

Enlaces:

Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía.




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La dictadura terrorista y totalitaria

Os dejamos en esta ocasión un artículo para la reflexión, del Catedrático de Ciencias Políticas Vicenç Navarro.

VICENÇ NAVARRO

A la vuelta de un largo exilio, uno de los hechos que más me sorprendieron de la vida política española fue la percepción –ampliamente aceptada por el establishment político, y promovida por los medios de mayor difusión– de que la Transición de la dictadura a la democracia había sido modélica, creando una democracia que era homologable a las existentes en la Europa occidental. La realidad, sin embargo, mostraba con toda su crudeza una democracia muy incompleta y un bienestar muy insuficiente, realidad que continúa hoy, 33 años después.

España continúa teniendo el gasto público social (que financia al Estado del bienestar) per cápita más bajo de la UE-15. Y políticamente acabamos de ver cómo las fuerzas conservadoras han intentado prohibir la participación en el proceso democrático de un partido político, Bildu, debido a su origen, enraizado en una fuerza terrorista, ETA, y ello a pesar de que tal partido se ha distanciado de la violencia y ha aceptado las reglas del proceso democrático. Pero esto parece no ser suficiente para el Partido Popular, que desea que este partido condene tal pasado terrorista, intentando llevar a la cárcel a todos aquellos que todavía hoy defienden a ETA.

Este comportamiento sancionador del terrorismo contrasta, sin embargo, con el comportamiento del propio Partido Popular, que nunca ha condenado explícitamente y por su nombre a la mayor fuerza terrorista que existió en España durante el siglo XX, responsable del mayor número de asesinatos políticos que haya ocurrido en la historia del país. Ningún otro régimen ha asesinado a tantos españoles como la dictadura iniciada por un golpe militar, liderado por el general Franco, en contra de un sistema democrático, la II República. Fue un régimen basado en el terror, con asesinatos políticos (por cada asesinato político que cometió Mu-

ssolini, Franco cometió 10.000), torturas (sistemáticamente realizadas en sus cárceles), campos de concentración y exilio. Aquel golpe fue realizado por los que falsamente se autodefinieron como los nacionales (la mayoría de sus tropas de ataque eran mercenarios y extranjeros, y su victoria se debió única y exclusivamente al apoyo extranjero de Hitler y Mussolini) que estaban en una “cruzada” (cuyas tropas de choque, paradójicamente, eran musulmanas) y que supuestamente defendían a la patria (imprimiendo un enorme retraso económico, político, cultural y social al país). En realidad, era una minoría en contra de la mayoría de las clases populares de los distintos pueblos y naciones de España, lo cual requería el terror para su propia supervivencia. El terror fue sustancial en la existencia de aquel régimen hasta su último día.

Sin pretender establecer categorías, el número de víctimas de aquel terror (asesinatos políticos) fue de casi 200.000, una cifra mucho mayor que la realizada por ETA (839). Las víctimas de aquel régimen terrorista continúan ignoradas durante el periodo democrático, sin que el Estado las haya homenajeado como se merecen. El contraste entre el comportamiento del Estado hacia las víctimas de ETA y las víctimas de la dictadura es vergonzoso e ilustra no sólo la diferente vara de medir el terrorismo, sino la baja calidad del estado democrático, cuyo Tribunal Supremo, por cierto, está enjuiciando al único juez que ha intentado en España que el Estado se responsabilizara de encontrar a los desaparecidos en aquella dictadura y de enjuiciar a los responsables de tanto dolor y terror.

La entrada dedicada a Franco del Diccionario Biográfico Español –publicado por la Real Academia de la Historia, e iniciado y financiado por el Gobierno del PP dirigido por José María Aznar– es una alabanza y una apología del responsable del mayor terror que haya existido en España. A pesar de ello, un dirigente del PP alabó la biografía de tal terrorista, presentándola como obra ejemplar. Utilizando el mismo criterio que tal partido aplica a ETA, el autor de tal biografía debiera estar en la cárcel y la Real Academia de la Historia tendría que haberse cerrado. Y, al propio portavoz del PP que hizo tal alabanza, se le hubiera tenido que llevar a los tribunales.

El hecho de que todo esto no ocurra muestra el enorme poder de las fuerzas conservadoras que hegemonizaron el proceso de la Transición y el periodo democrático. ¿Cómo, si no, puede explicarse que incluso hoy, en los libros de texto de la asignatura obligatoria de cultura cívica se sostengan posturas dignas de la ultraderecha del Tea Party de EEUU, tales como definir al feto como ser humano, considerar el aborto voluntario como un asesinato, o definir al darwinismo como una doctrina sospechosa? ¿Y, cómo, si no, pueden explicarse la visión tan sesgada y negativa que se da de la II República y el silencio sobre el terror del régimen que la derrocó que están presentes en los libros de texto de las escuelas públicas?

Pero la represión de aquel régimen fue también psicológica e ideológica, precisamente debido al carácter totalitario del mismo. La ideología que imponía era el nacionalcatolicismo, mezcla de un nacionalismo españolista extremo e imperialista, con características racistas (el día nacional se llamaba el Día de la Raza, y la película que realizó el dictador se llamó Raza) y de un catolicismo reaccionario en extremo que, junto con su caudillismo, un machismo muy acentuado y una hostilidad al mundo obrero y sindical, constituyó una ideología totalizante, pues quería cambiar “al hombre”, penetrando en las áreas más íntimas de las personas, desde el sexo hasta la lengua, todo ello normatizado. Tal régimen tuvo pleno control de los medios y de las instituciones. Considerar aquel régimen como meramente autoritario es ignorar la asfixia intelectual, política, económica y cultural que la mayoría de las clases populares sufrieron para mantener la “placidez” de aquellos que se beneficiaron de tal terror.

Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra

Fuente: Público

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Garzón acude a Estrasburgo para denunciar la causa abierta contra él

Considera que se ataca su independencia judicial y que se deja "indefensas a las víctimas" del franquismo

El juez Baltasar Garzón ha decidido acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para defenderse de la causa que el Tribunal Supremo mantiene abierta contra él desde que se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo.

Garzón presentó este jueves una demanda contra el Supremo en la que pone en cuestión el procedimiento que tiene el Tribunal contra él por un supuesto delito de prevaricación. A su juicio, esta causa viola el principio de independencia judicial y ataca la libre de interpretación de la ley y al Estado de Derecho. Según Garzón, se está dejando "indefensas a las víctimas" del franquismo.

El juez, que fue suspendido provisionalmente de sus funciones en la Audiencia Nacional y que actualmente es consultor de la Fiscalía en la Corte Penal Internacional en La Haya, está representado por INTERIGHTS, una organización establecida en Londres y especializada en litigios internacionales sobre casos de derechos humanos. Según ha informado esta organización en un comunicado, la demanda fue presentada este jueves con el fin de "reivindicar el derecho del juez Garzón a desempeñar sus obligaciones sin miedo a la persecución judicial".

"La normativa internacional impide enjuiciar a los jueces por sus decisiones"

El juez Garzón alega, entre otras cuestiones, que el procedimiento que se sigue contra él por investigar los crímenes del franquismo viola varias de las obligaciones españolas según el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Entre éstas cita la obligación de proteger la independencia judicial y a los individuos de procedimientos penales sin fundamento.

"En concreto, el caso pone de manifiesto las violaciones de la obligación de no someter a los individuos a procesos penales injustos 'per se', de someter a personas a procesos sólo sobre la base de normas penales claras y estrictamente aplicadas y de respetar la vida personal y el desarrollo profesional de los individuos y sus derechos a expresar opiniones judiciales", señala.

"Garzón está siendo castigado por hacer efectivas las obligaciones de España"

Añade además que "la normativa internacional en materia de independencia judicial impide el enjuiciamiento de los jueces por sus decisiones judiciales a fin de preservar su independencia". Otro de los argumentos que esgrime en su demanda es que "la opinión de que las amnistías y la prescripción no se aplican a delitos graves en virtud del derecho internacional, incluidos los crímenes contra la humanidad, cuenta con un apoyo generalizado en todo el Derecho y la práctica internacionales".

Por lo tanto, agrega el texto, la interpretación del juez Garzón no se puede calificar de arbitraria o irrazonable, sino que "está avalada por muchos otros tribunales y organismos tanto en el ámbito nacional como en el internacional".

Según la directora del departamento de litigios de INTERIGHTS, Helen Duffy, Garzón "está siendo castigado por hacer efectivas las obligaciones internacionales de España de investigar crímenes graves y de honrar los derechos de las víctimas". En su opinión, "ahora él mismo es víctima de un procedimiento penal injustificable, que ha dejado una profunda huella en su vida".

El Supremo tiene paralizado este procedimiento hasta que se resuelvan las recusaciones que el juez ha promovido contra cinco de los siete magistrados del Alto Tribunal que le juzgarán, mientras que la fecha del juicio aún no ha sido señalada.

Fuente: Público

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